Andalucía anuncia que es el primer texto institucional creado en España con herramientas y pautas para detectar la delincuencia ejercida en las redes sociales contra las mujeres
Ángeles Lucas, Sevilla
Bajo los teclados de los ordenadores y de las pantallas de los móviles se pueden esconder fuertes amenazas, ofensas, insultos, acosos, maltratos que inciden en las personas con la impunidad que ofrecen las redes sociales. Para evitar estas otras violencias, con especial incidencia en mujeres y jóvenes, la Consejería de Igualdad ha presentado este martes en el Consejo de Gobierno el documento del primer protocolo institucional en España ante la violencia de género en las redes sociales. «Este texto surge tras la necesidad detectada entre nuestros trabajadores de establecer unas pautas de actuación ante las víctimas que sufren síntomas de ciberdelincuencia de género», detalla Carmen Cuello, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
El protocolo será una herramienta diseñada para los trabajadores de la institución, psicólogos, juristas, trabajadores sociales y técnicos, en el que se plantean los pasos a seguir para orientar y defender a la víctima de las posibles agresiones. Así las capturas de pantallas, la desactivación de geolocalizadores, para evitar ser perseguidas o la terminología concreta utilizada para acosar mediante las redes serán algunas de las herramientas descritas en el protocolo para la optimización del trabajo. «Cuando la violencia pasa al ámbito virtual se producen nuevos riesgos y consecuencias que hemos recogido en este protocolo, que se añade al ya existente para ampliar la capacidad de acción», resalta Cuello.
Según se describe en los estudios, las redes podrían producir riesgos como la multiplicación de los insultos por su difusión, repetición y viralidad; proteger el anonimato del agresor; mantener la ilimitada exposición de la intimidad de la víctima, o suplantar su identidad. Así, la publicación de fotos íntimas, el control de la ubicación, el seguimiento de las acciones por las redes, la revelación de secretos, las injurias y la captación para su abuso son algunos de los posibles delitos que estarán recogidos en el protocolo, que se redacta con la aportación de los agentes del cuerpo y la seguridad del Estado y expertos informáticos.
«La información será recogida fundamentalmente por el área de atención psicológica de las víctimas, que después elaborará un diagnóstico sobre el que se podrán seguir pautas de seguridad informática, y en coordinación con el área jurídica, las medidas legales necesarias así como estrategias terapéuticas», recoge el documento presentado en el Consejo de Gobierno.